El Sen. Rubén Velazquez solicitó a la PGR, garantice la indemnización por daño moral y perjuicios ocasionados a Teresa González y Alberta Alcántara.

El pasado 28 de abril de 2010, después de casi cuatro años de incertidumbre, injusticia y vejaciones, se ordenó la inmediata libertad de las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, la Suprema Corte de Justicia quien reconoció la inocencia de las entonces sentenciadas; corrigió una injusticia que parecía clara para la mayoría de los mexicanos, pero no para las autoridades ministeriales y judiciales que conocieron del asunto.

Primeramente, nos sumamos a la felicidad que embarga a estas dos mujeres y todos los que lucharon afanosamente por recuperar la libertad, tranquilidad y justicia; sobre todo porque Alberta y Teresa se vieron agraviadas, al construirse una imputación penal en su contra, sin resultar responsables de alguno de los cargos depuestos sobre sus personas.

La Primera Sala revocó la sentencia anteriormente confirmada, además de ordenar la libertad inmediata por considerar que no existían los elementos probatorios suficientes para asegurar su participación en la comisión de los ilícitos y porque les fueron plantadas evidencias.

Del particular, podemos decir que condena bien la frase: “La Justicia retrasada es justicia denegada”, mostrando a claridad el círculo interminable de corrupción e impunidad que revisten a la administración e impartición de justicia en nuestro país; pero quizás, sobre este caso en específico, preferimos la tardía de la justicia a la denegación total de la misma.

En este tenor, si bien la demanda principal sobre el caso fue la libertad de las ciudadanas Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, no podemos evitar el preguntarnos qué pasará después, los cuestionamientos ahora se volcán en la búsqueda de justicia plena, es decir, solicitar la reparación por daño moral y perjuicios ocasionados a las afectadas, así como iniciar la investigación por responsabilidad administrativa –y las que resulten- a los servidores públicos que fueron conocedores y determinantes en los atropellos y vejaciones del caso.

Si bien actualmente, -en nuestro ordenamiento jurídico- no existe disposición expresa que ordene como tal el resarcimiento moral por error judicial o ministerial, en concordancia con otras normas legales, es prioritario que se otorgue una ayuda proporcional al daño causado, no sólo por la relevancia que guarda el caso, sino en el sentido de establecer una congruencia con la protección a los derechos fundamentales de las personas, esta garantía si es reconocida en nuestro sistema jurídico, además porque nuestro país ha suscrito convenios y tratados internacionales y por ello debe cumplirse a la brevedad. No puede ni debe existir argumento en contra, principalmente cuando el Estado mexicano en el ejercicio de su función de administrar justicia debe ser responsable de los efectos que se produzcan con la impartición de justicia que el mismo determine.

Después de todos los insultos que padecieron estas mujeres, lo menos a lo que está obligado el Estado mexicano es el resarcir los daños ocasionados con sus infundadas y falsas acusaciones. Estamos conscientes de que el tiempo en el que permanecieron privadas de su libertad no podrán recuperarlo, que no hay compensación frente a la aberración de dar a luz y criar a una niña tras las rejas, que la libertad, dignidad, y justicia no tienen precio, pero esto atiende a una causa racional, en toda esta oleada de ultrajes y violaciones a los derechos fundamentales de estas mujeres.

De igual manera, se realiza un llamado a las autoridades correspondientes para que inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable, por las diversas irregulares que invistieron al proceso penal ejercitado en contra de las ciudadanas queretanas.

SEN. RUBÉN FERNANDO VÉLAZQUEZ LÓPEZ PIDE QUE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS SEA CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD

México D.F., miércoles 02 de diciembre, 2009

El municipio de San Cristóbal de las Casas es reconocido por su significativa riqueza cultural en materia de diversidad étnica, monumental y tesoros geográficos, aseguró el senador del PRD Rubén Velázquez, quien consideró que esta localidad debe ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

El legislador chiapaneco resaltó que la Secretaría de Turismo consideró a San Cristóbal de las Casas dentro del programa Pueblos Mágicos, gracias a sus atributos simbólicos, leyendas, historia y por la “magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales”.

Explicó que con el propósito de preservar los más de 500 edificios, en 1986 se declaró a San Cristóbal de las Casas como Zona de Monumentos, en especial por la Catedral como símbolo del pueblo y “por su exquisita decoración en la fachada que la hace una de las más ornamentadas del arte colonial mexicano”.

Por ello, el senador del PRD, mediante un punto de acuerdo, exhortó al titular del Ejecutivo federal a efecto de que instruya a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Comisión Nacional de la Cultura y las Artes, y al Instituto Nacional de Antropología e Historia colaborar en el proceso de inscripción de San Cristóbal de las Casas, en la lista tentativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de México.

Velázquez López señaló que este pueblo posee la riqueza cultural necesaria para figurar en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que solicitó al maestro Alonso Lujambio Irázabal, que en su calidad de titular de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO promueva la inscripción de este municipio.

Indicó que organizaciones del lugar han organizado mesas de trabajo con el propósito de avanzar en la ejecución de proyectos, programas y acciones correspondientes que permitan que se otorgue el título a la región, “los chiapanecos, a pesar de no contar con recursos suficientes han trabajado conjuntamente para cumplir con sus propósitos”.

Ante las medidas empleadas por la administración del pueblo, Rubén Velázquez López pidió al Senado de la República extender una felicitación a los habitantes y gobierno municipal, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de San Cristóbal de las Casas que han emprendido estos proyectos con miras a la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, para que sigan impulsando programas destinados a la reparación, restauración y protección de los bienes culturales de la región.

La propuesta es signada por senadores del PRD y fue turnada a la Comisión de Cultura.

EL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ REITERA COMPROMISO EN FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN

El senador del PRD, Rubén Velázquez, reiteró su compromiso ante la Comisión de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, para representar a la bancada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución en eventos y celebraciones que se realicen para conmemorar estos hechos.

Durante la reunión se hizo un recuento de las actividades que llevó a cabo la Comisión, de las cuales se destacan: los Convenios de Colaboración entre los estados de Morelos, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y San Luís Potosí; la promoción del diccionario de legisladores en cada entidad; el seminario Secularización del Estado y la Sociedad; y el documental mujeres de la Revolución Mexicana, Carmen Serdán y Hermilia Galindo; entre otros.

Además, se expusieron las actividades pendientes por cumplir como: el Seminario Permanente sobre Independencia, en el que se abordará el proceso Independentista y la Revolución en diferentes estados de la República.

Ante esto, el legislador chiapaneco reconoció el trabajo de este órgano legislativo por las labores emprendidas para preservar y difundir la historia mexicana en diferentes lugares del país, “muchas felicidades por este trabajo”.

De igual manera, Velázquez López manifestó su disposición por participar en los eventos programados, “estoy alerta a las convocatorias que se me hagan para asistir a cualquier parte del país (…) es un privilegio estar en los eventos de este aniversario y representar al PRD en estos festejos”.

FICHA INFORMATIVA, FORO: “LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS, ASIGNATURA PENDIENTE”

FORO: “LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS, ASIGNATURA PENDIENTE”

México, D. F., 21 de abril de 2010.

· SOBRE EL DESARROLLO DEL EVENTO Y SUS PARTICIPANTES

A este encuentro que se desarrollo en las instalaciones del Senado de la República asistieron el presidente de este órgano legislativo, Carlos Navarrete Ruiz, el senador del PRD, Silvano Aureoles Conejo; el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la cámara de Diputados el Diputado Alejandro Encinas, y los presidentes en el Senado y en la Cámara de Diputados de las comisiones de Asuntos Indígenas y Puntos Constitucionales, así como Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Marta Cecilia Díaz Gordillo, coordinadora de la Unidad de Planeación y Consulta, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI.

Así como Abundio Marcos, dirigente purépecha; Adelfo Regino Montes, integrantes de la Organización Servicios del Pueblo Mixe; el ex presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez-Icaza; y los diputados por el estado Rubén Moreira Valdéz y Juan Carlos López Fernández, destacados académicos y defensores de los derechos humanos.

Se contó con aproximadamente 200 invitados entre ellos, grupos de Indígenas de Chiapas, Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Michoacán, y la asamblea popular de barrios, estudiantes y profesores universitarios, quienes estuvieron atentos a las casi 8 hora del evento, cuyo desarrollo contó con casi la totalidad de los ponentes y moderadores exceptuando al Gobernador del Estado de Chiapas quien envío en su representación a miembros de su gabinete. El desarrollo del evento se dio de acuerdo a lo establecido en el programa sin embargo debido a la calidad de las presentaciones los ponentes rebasan los 15 minutos dedicados para su exposición

8:30 horas. Registro de asistentes

9:00 horas. Inauguración. Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente del Senado.

9:10 horas. Luis H. Álvarez, ex coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas.

9:20 horas. Dip. Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

9:30 horas. Los derechos indígenas en el contexto de los derechos humanos.

Moderador: Diputado Rubén Moreira Valdéz.

9:30 horas. Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria

9:45 horas. Emilio Álvarez-Icaza Longoria, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF

10:00 horas. José de Jesús Covarrubias Dueñas, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del PJF

10:15 horas. Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

10:30 horas. El papel de la mediación y la coadyuvancia durante el conflicto zapatista.

Moderador: Diputado Juan Carlos López Fernández

10:30 horas. Lic. Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas.

10:45 horas. José Raúl Vera López, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila.

11:00 horas. Hugo García García, encargado de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, SEGOB.

11:15 horas. Marco Antonio Michel, ex integrante COCOPA

11:30 horas. La libre determinación como parte fundamental de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Moderador: Senador Rubén Velázquez López.

11:30 horas. Rodolfo Stavenhagen, profesor-investigador emérito del COLMEX

11:45 horas. José del Val Blanco, director del Programa Universitario Nación Multicultural, UNAM

12:00 horas. Marta Cecilia Díaz Gordillo, coordinadora de la Unidad de Planeación y Consulta, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI

12:15 horas. Andrés Fábregas Puig, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas

12:30 horas. El movimiento indígena en México en el siglo XXI .

Moderador: Senador Andrés Galván Rivas

12:30 horas. Francisco López Bárcenas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, CEDRSSA

12:45 horas. Abundio Marcos, dirigente p´urhépecha

13:00. horas. Adelfo Regino Montes, integrante de la Organización Servicios del Pueblo Mixe, SER, A.C.

13: 15 horas. Valentín de la Rosa Sánchez, presidente del Consejo Consultivo de la CDI

13:30 horas. Los pendientes sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Moderador: Diputado Ovidio Cortázar Ramos

13:30 horas. Diputado Juventino Castro y Castro, presidente Comisión Puntos Constitucionales

13:45 horas. Senador Andrés Galván Rivas, presidente Comisión Asuntos Indígenas

14:00 horas. Diputado Teófilo Manuel García Corpus, presidente Comisión Asuntos Indígenas

14:15 horas. Senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente Comisión Puntos Constitucionales

14: 30 horas. Diputado José Narro Céspedes, presidente COCOPA

· SEMBLANZA DE ALGUNOS DESTACADOS PARTICIPANTES

Doctor Rodolfo Stavenhagen.- Profesor-investigador emérito de El Colegio de México, investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores; Premio Nacional de Artes y Ciencias 1997.

Entre 2001 y 2008 se desempeño como Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Fue subdirector general de la UNESCO para las ciencias sociales; Director General de Culturas Populares de la Secretaría de Educación Pública; presidente del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe; Presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Vice-presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; presidente fundador de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

Ha sido profesor visitante y conferencista en numerosas universidades de América, África, Asia y Europa. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Tromso, Noruega.

De entre sus múltiples publicaciones se pueden destacar: El desafío de la Declaración. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Los Pueblos Indígenas y sus Derechos, Conflictos étnicos y estado nacional entre muchos otros.

Doctor José Manuel Del Val Blanco.- Es Doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH

Fue Director General del Instituto Indigenista Interamericano, OEA, Director General de Culturas Populares, Secretario Técnico de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral y Justicia de los Pueblos Indígenas, Director de Promoción Cultural Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Director de Investigación y Promoción Cultural del Instituto Nacional Indigenista, Presidente del Consejo Directivo del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C, Director del Museo Nacional de las Culturas INAH-SEP.

Actualmente se desempeña como Director del Programa Universitario: “México, Nación Multicultural”, PUMC-UNAM. Desde marzo 2002 y es Presidente de la ONG “Pesquisas y Proyectos Necesarios, A. C.”

Ha impartido cátedras en diversos cursos, seminarios y en universidades nacionales y extranjeras. Y ha publicado más de 60 publicaciones entre las que se encuentran capítulos de libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras.

Maestra Martha Cecilia Díaz Gordillo.- Es maestra en Historia Agraria Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía, España.

Se ha desempeñado como Representante Especial de la Secretaría de Reforma Agraria en Chiapas de 2001 a 2006 donde asumió la coordinación institucional para el desarrollo del “Programa de Atención Integral a la Comunidad Zona Lacandona y a la Reserva de la Biosfera Montes Azules”, responsable de la Residencia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en la Procuraduría Agraria, Directora y Coordinadora de Asesores en la extinta Secretaría de Desarrollo Agrario de Gobierno del Estado.

Impulsó la solución a pequeños propietarios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas en controversia con el EZLN en 1994 a través del Programa de Aparcería Bovina y proyectos Agropecuarios, financiado por el Fideicomiso denominado FIAPAR.

Fue Diputada Federal en la LX Legislatura, y se desempeño como Presidenta de la Comisión de Concordia y Pacificación, encargada de promover el diálogo por la paz en Chiapas, con el EZLN; Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y Reforma.

Actualmente se encuentra a cargo de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

• SENADOR RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ.- TEMA: La libre determinación como parte fundamental de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás:

por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será.

Eduardo Galeano

En México, la historia de los pueblos indígenas antes y después de la conquista se narra como una crónica de lucha permanente para reclamar el reconocimiento pleno de sus derechos, para demandar lo que es suyo. La autonomía y la libre determinación de las comunidades indígenas desde hace siglos ha sido una práctica común para sus pobladores, sin embargo dicha realidad persiste negada desde el caduco discurso jurídico y político.

La dominación, explotación, subordinación y exclusión, han sido la condena social que ha restringido el libre ejercicio de sus derechos; la tesis del integracionismo cultural ha quedado atrás. No debemos olvidar que el indígena no se rinde, que lucha, y exige hacerse respetar por los sistemas jurídicos que lo han desdibujado históricamente.

Los intentos para lograrlo, han sido bastos. En su momento se pensó en una reforma constitucional integral que fuera coherente con la realidad social de nuestro país, eliminando cualquier prejuicio y discriminación ante la plena autonomía de los pueblos indígenas, sin embargo la atención que se les dio a las demandas sociales, fue la mínima y ha ido en detrimento.

La realidad social de los pueblos indígenas al igual que cualquier otra organización humana, se reviste de retrocesos y avances; sus necesidades y exigencias no son las mismas de hace unos años. Debemos entender que los pueblos indígenas son sociedades que se movilizan en razón de múltiples factores internos y externos, y por ello es importante conocer el contexto actual de la problemática, ¿qué aspectos del conflicto siguen vigentes y cuáles no?

Es necesario por tanto, analizar los alcances, progresos y deficiencias que generó el cumplimiento parcial de los Acuerdos de San Andrés y la promulgación de la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Razonada consecuencia sería el retomar las líneas de demanda plasmadas en los Acuerdos e impulsar el diálogo nacional para hacer las reformas y los cambios que el país reclama. El desafío para todos los interlocutores, es encontrar el camino de la justicia y la paz social, el cual forzosamente requiere de la asunción de compromisos y el cumplimiento de los pactos.

Estas comunidades se movilizan, se plantean otras maneras de organizarse política y socialmente, precisamente, para resolver o dar respuesta a este trato inhumano que aún prevalece hacia ellos. Sin lugar a dudas, es una asignatura pendiente la libre determinación de los pueblos indígenas ya que es en sí, parte fundamental del reconocimiento de sus derechos colectivos.

Respeto, certeza jurídica, justicia social, dignidad. Son las demandas de los pueblos indígenas; reunamos los elementos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos depositados en los Acuerdos, que siguen presentes desde 1996.

Sin mayor demora, escuchemos a nuestros invitados, que por sus bastos conocimientos y experiencias en la materia nos orientarán con profundidad en el tema expuesto a discusión.

• Discurso del Presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, durante la inauguración del Foro: “Los Acuerdos de San Andrés, asignatura pendiente”, en el Patio Central de Xicoténcatl.

Carlos Navarrete Ruiz (CNR). Qué tal, muy buenos días a todos ustedes. Les doy a nombre del Senado de la República la más cordial de las bienvenidas aquí al Patio Central de esta vieja casona de Xicoténcatl.

Les agradezco mucho a todos ustedes su presencia, que hayan aceptado la invitación de la Cocopa para estar presentes hoy aquí en este importante foro sobre los acuerdos de San Andrés, y me da mucho gusto saludar a mis compañeros que nos acompañan aquí.

Desde luego, a mis compañeros legisladores, el diputado José Narro, al diputado Alejandro Encinas, al diputado Juan Carlos López Hernández, al diputado Ovidio Cortázar, al diputado Pedro Jiménez León, al diputado Francisco Amadeo Espinosa.

Y les valoro mucho la presencia de Don Miguel Concha, que se encuentra con nosotros y valoro mucho su participación, bienvenido aquí a este Foro, Doctor, le doy la bienvenida al representante del gobierno de Chiapas que está con nosotros, Jesús Caridad y desde luego a mi compañero Rubén Fernando Velázquez López, senador por el estado de Chiapas.

Las senadoras y senadores de la República nos encontramos en la recta final de este periodo ordinario intenso, complicado y lleno de temas. En los grupos parlamentarios, en las comisiones y en el Pleno se registra una intensa actividad legislativa que se intensifica en estas últimas semanas y en estos últimos días del periodo legislativo.

Temas como la protección de datos personales que están en manos de instituciones privadas o de instancias del gobierno; las reformas en materia de justicia y de seguridad, que provocan un intenso debate por la ley antisecuestros, por la ley de seguridad nacional, por el código militar, el tema del fuero militar, el tema de la ley de armas de fuego y explosivos; el tema de la ley de asociaciones público privadas; la reforma política son algunos de los temas que las senadoras y senadores analiza, discuten en la búsqueda de la construcción de acuerdos.

Pero en medio de todo este intenso trabajo legislativo, es pertinente hacer un alto en el camino para analizar el tema que es de enorme significado de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Nadie olvida, nadie debe olvidar que el primero de enero de 1994, cuando Carlos Salinas de Gortari celebraba la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció en el escenario político.

Esa madrugada, hombres armados con los rostros cubiertos y vestidos con sencillos uniformes tomaron San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y otras cabeceras municipales del estado de Chiapas.

La noticia de la rebelión zapatista dio la vuelta al mundo. En México había estallado una reyerta armada. La dictadura perfecta, como la calificó Mario Vargas Llosa, empezaba el principio del fin, Los zapatistas sorprendieron por la organización de sus acciones y por el discurso de sus principales dirigentes.

En la primera Declaración de la Selva Lacandona, el Ejército Zapatista inició la guerra en contra del mal gobierno, dijo en su texto.

Después de 11 días de encuentros armados de combate, inició un largo proceso de negociación y de construcción de acuerdos. Diálogo en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, la Celebración de la Convención Nacional en Aguascalientes y otras acciones por medio de las cuales el Ejército Zapatista y diversas organizaciones sociales lograron colocar a la problemática indígena en el centro del debate nacional, pero también con una cobertura internacional.

El 16 de febrero de 1996 se firmaron los compromisos de San Andrés Larráinzar, estos acuerdos fueron el producto de una amplia negociación entre el gobierno federal y el EZLN en donde se definieron las directrices a partir de las cuales las partes debían continuar negociando a efecto de alcanzar una paz digna en Chiapas.

Debe recordarse, todos lo recordamos, que de acuerdo al protocolo firmado, firmado por ambas partes, el proceso de paz culminaría una vez que se hubieran agotado diversas etapas, una de las cuales fue la Mesa de Derechos y Cultura Indígena como parte de un amplio proceso de negociación. Se trató, se trata todavía de un acuerdo de orden político del Estado mexicano con una fuerza beligerante.

Los acuerdos contienen, al final de cuentas, una serie de compromiso entre las partes. Resulta claro que esos acuerdos no son reclamables, ni exigibles por las vías jurídicas tradicionales.

Cinco años después, el 28 de marzo de 2001, la comandanta Esther habló desde el Salón de plenos de la Cámara de Diputados. No habló en una sesión ordinaria, sino en una reunión de la Comisión de Asuntos indígenas, lo que representó uno de los hechos más significativos de las últimas dos décadas de cambios en el Poder Legislativo.

Estimados invitados, estimados participantes en este encuentro.

Los acuerdos de San Andrés son todavía una asignatura pendiente para el país. Se trata de una deuda histórica en medio de la lucha de los pueblos indígenas de México.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población, en 2010, todavía tenemos en nuestro país y es un dato que no debemos olvidar, más de 14 millones de mexicanos que se consideran así mismos indígenas, parte de los pueblos originarios.

La democracia en México nunca será una realidad si no se integra este esfuerzo en el gobierno mexicano de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo de nuestro país, que a veces tiene altibajos, retrocesos y avances, nunca será tal, si no incorporamos a los hombres, a las mujeres, a los niños de las comunidades indígenas.

Yo quiero felicitar a los organizadores de este encuentro y desearle a la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión que su actividad, su trabajo, su esfuerzo ponga nuevamente en el centro de la atención del Congreso el tema pendiente de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Pareciera que este tema está en el olvido, pareciera que es parte de la historia lejana del país, pareciera que los nuevos temas están en el centro de la atención del país y del Congreso, pero no hay que olvidar las asignaturas pendientes.

Qué bueno que senadores y diputados federales estén haciendo un esfuerzo de reactivar esta comisión y, desde luego, en el Senado de la República quiero reiterar el respaldo de la Mesa Directiva del Senado a las actividades de esta comisión y a nuestros senadores y diputados que la integran.

• ALGUNAS NOTAS PERIODISTICAS SOBRE EL EVENTO

Cumplir ya los acuerdos de San Andrés, exigen en foro del Senado

en: La Jornada p.21

? Falso, que busquen autonomía para formar otro país, señalan expertos

Legisladores, obispos, intelectuales, especialistas, representantes de organizaciones no gubernamentales e indígenas demandaron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Sostuvieron que a pesar de la reforma de 2001 que llevó a la Constitución los derechos indígenas, siguen sin poder gozar de todas las garantías, “son discriminados, excluídos, explotados, despojados de sus recursos y territorios; no se les hace justicia y carecen de educación y salud”.

Los obispos Raúl Vera y Felipe Arizmendi; el sacerdote Miguel Concha Malo; los intelectuales Rodolfo Stavenhagen y José del Val Blanco; los indígenas Adelfo Regino, Abundio Marcos y Valentín de Rosa; el investigador Emilio Álvarez Icaza, así como el ex ministro y diputado Juventino Castro y Castro, entre otros, advirtieron que “el Estado debe reconocerles su derecho a la libre determinación y autonomía, porque los pueblos indígenas no quieren constituir otro Estado, sino ser considerados iguales”.

Al participar ayer en el Senado, en el foro Los acuerdos de San Andrés, asignatura pendiente, organizado por la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, Juventino Castro y Castro sostuvo: “muchos creen que la reforma constitucional de 2001, que llevó al artículo segundo de la Carta Magna los derechos indígenas, es una continuidad de los acuerdos de San Andrés. No hay tal: se parecen, pero esa sigue siendo la asignatura pendiente”.
“Artículo fallido”

Por tal motivo, apremió a “retomar las ideas de San Andrés Larráinzar. El concepto de libre determinación no es equivalente a autonomía. La libre determinación es un principio de igualdad, esto es fundamental. El segundo constitucional es un artículo fallido; hace creer que se está compensando a los pueblos que pueden nombrar autoridades, que tienen privilegios, pero la ley no se cumplió, por eso hay que revivir los acuerdos de San Andrés”.

Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, resaltó: “se debe reconocer el derecho colectivo de los pueblos indígenas con su derecho a la libre autodeterminación. Recuerdo que cuando discutíamos este concepto, un sector del gobierno nos decía que los indígenas querían establecer otro país. Nada más falso: quieren libre autodeterminación para participar en la decisión de su desarrollo”.

Del Val Blanco, director del Programa Universitario Nación Multicultural de la UNAM, insistió en que los acuerdos de San Andrés siguen siendo una asignatura pendiente, “diría yo que es una materia reprobada. Ésta es la tercera legislación que enfrenta el reto”. Subrayó que lo que ocurre es que “hay desconocimiento de lo que significan autonomía y libre autodeterminación”.

Exigió que se reforme la Ley de Consulta Indígena, porque “aún quedan enormes territorios en las poblaciones nativas, y si no se actúa pronto los pueden despojar, como ha estado ocurriendo constantemente. Hay inversionistas extranjeros y trasnacionales que los despojan de su territorio y saquean sus recursos naturales. Hay que legislar pronto en la materia para frenar esta situación”.

El obispo Felipe Arizmendi reclamó: “los 12 millones de indígenas siguen padeciendo ataques a su identidad, no se les hace justicia, no se les consulta para construir obras en sus tierras, no tienen escuelas ni servicios de salud; hay que retomar los acuerdos de San Andrés Larráinzar”.

En tanto, su homólogo de Saltillo, Raúl Vera, manifestó: “desde el primer día de las negociaciones después del estallido del primero de enero de 1994, el Comité Clandestino y la Comandancia General, así como los grupos que representaban a los zapatistas nos instruyeron: díganle al gobierno que no queremos cosas, queremos nuestro lugar en este país”.

Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que “la reforma al artículo segundo constitucional está basada en una visión que a nivel discursivo habla de la autonomía de los pueblos indígenas dentro del Estado nacional, aunque a nivel operativo la considera como algo que atenta contra la soberanía”.

Obispo Vera pide cambiar la estrategia anticrimen

En la Crónica p.5

Raúl Vera, obispo de Saltillo, Coahuila, señaló que el gobierno federal debe cambiar la estrategia de combate al crimen organizado porque predomina el aspecto bélico, pero “no hay persecución jurídica del delito y no se busca el restablecimiento del Estado de derecho”.

Tras remarcar que el papel del Ejército [Sedena] no es ser policía, Vera –quien participó junto con el obispo Aamuel Ruiz en las discusiones de los Acuerdos de San Andrés, como parte del conflicto armado en Chiapas por parte del EZLN– señaló al presidente Felipe Calderón como el principal responsable de las muertes de civiles en la lucha contra el narcotráfico.

“Ponernos a discutir ahorita en qué fuero está el Ejército y en qué fuero no está, yo creo que debemos ir un poco más allá; todos estos civiles que están muriendo hay que pensar si se los achacamos nada más al Ejército o a quien mandó al Ejército a hacer eso”, dijo. Y remarcó: “El Presidente tiene que cuidar las estrategias y tiene que guardar la seguridad de la población”.

POSICIONAMIENTO DEL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ RESPECTO A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS ANTIMIGRANTES IMPULSADAS EN EL ESTADO DE ARIZONA

Sobra decir que me sumo al acuerdo tomado en este Senado de la República, por la importancia que genera a nuestro país la aprobación de leyes antimigrantes en los Estados Unidos de América y en cualquier otra nación, ya que se trata de ideas alejadas de lo que permite el derecho americano, y las disposiciones internacionales, pero sobre todo porque atentan contra los derechos humanos y dignidad de las personas hispanas que habitan en el estado de Arizona.

Sobre el particular, el proyecto de Ley SB 1070 impulsado por el partido republicano estatal (de Arizona) es primeramente una propuesta inconstitucional, puesto que violenta diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos de América. Asimismo, tal iniciativa contiene una cantidad de arbitrariedades (por demás contrarias a lo que estipulan convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado Americano) principalmente contra la comunidad hispana, la cual representa aproximadamente el 30% de la población del estado.

Se vive en el país vecino un clima antimigrante puesto que es a todas luces retrogrado y aberrante que el congreso del estado de Arizona aprobará el pasado 19 de abril la iniciativa SB 1070 en su versión final, enviándola a la gobernadora para los efectos legislativos conducentes, es decir, para promulgarla o vetarla.

La legislación del estado de Arizona mandata un término de 5 días para que el Ejecutivo Local pueda realizar este acto propio del proceso legislativo; ello quiere decir que como legisladores y mexicanos aún estamos a tiempo para emitir nuestro posicionamiento, que contamos con la posibilidad alzar la voz y exigir a los directamente responsables y a nuestro gobierno que este proyecto no prospere.

Es urgente la intervención del gobierno federal, directamente el titular del Ejecutivo Federal y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores quienes se deben posicionar inmediatamente en contra de cualquier legislación antimigrante en los Estados Unidos, que violente los derechos humanos, la dignidad y la misma vida de las personas que por contar con un perfil racial distinto al americano podrían sean objeto de persecución, discriminación y demás vejaciones dentro de la legalidad.

El Estado Mexicano no puede pasar desapercibido este tema; en tanto se promueve la defensa a los derechos humanos, que esta situación amerita toda la atención. Puedo afirmar que el Senado de la República se encuentra comprometido con nuestros connacionales que por falta de oportunidades laborales y económicas, tiene que abandonar su país y soportar innumerables dificultades, que van desde las humillaciones hasta la perdida de la vida en la nación americana.

Es así, que a nombre propio y del Senador José Luis García Zalvidea presentamos recientemente una proposición con punto de acuerdo para solicitar los temas que con anterioridad se requirieron a esta Asamblea.

Sobra decir que es una situación delicada, ya que la aprobación de tales iniciativas tan aberrantes sólo envía el mensaje de que el Estado americano no desea impulsar la tan esperada reforma migratoria integral; que las promesas del presidente Barack Obama, sólo fueron parte del discurso electoral del momento.

No dejo ni dejaré de condenar la decisión del congreso legislativo del Estado de Arizona de aprobar los proyectos de Ley que atentan contra la seguridad y dignidad de seres humanos, de mexicanos.

Todas estas propuestas son un insulto; la criminalización del fenómeno migratorio no es la vía para solucionar tal problemática. Sabemos que falta mucho por hacer en este tema, pero la imposición de penas como la privativa de libertad y multas pecuniarias, sólo muestra el desconocimiento de la realidad del asunto migratorio y la indolencia frente a la situación de miles de mexicanos, frente a los derechos humanos de los seres humanos.

POSICIONAMIENTO DEL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ REFERENTE AL DESCERTIFICACIÓN DEL CAMARÓN MEXICANO.

Lamento la decisión de los Estados Unidos de América por vetar la compra del camarón silvestre mexicano que se formalizó el pasado martes 20 de abril del presente, ya que esta medida afectará el ingreso de cientos de las familias que dependen de esta actividad económica para sobrevivir, estamos hablando de cerca 30,000 empleos directos e indirectos.

El veto emitido al camarón mexicano, de acuerdo a la información de la propia Comisión de Acuacultura y Pesca se debió al incumplimiento de uno de los requisitos del gobierno americano para poder importar dicho producto marino: el uso correcto de dispositivos excluidores de tortugas, es decir que estos se encuentren instalados adecuadamente y en funcionamiento, en todas las embarcaciones camaroneras de arrastre.

El pasado 11 de marzo de este año, presenté ante el pleno de este Senado de la República un punto de acuerdo que versa sobre el mismo tema pero realizando especial énfasis en la protección de la tortuga marina, ya que esta especie esta catalogada: en peligro de extinción; desde luego que el asunto es sumamente complejo, el aspecto económico y comercial son las preocupaciones que han generado el debate debido a sus gravísimos alcances económicos y sociales, es lo que capta la atención y preocupación de las autoridades, sin embargo no debemos dejar de considerar que es lamentable la afectación ambiental: la muerte y mutilación de las tortugas marinas, frente a las cuestiones económicas este tema no debe ser un asunto olvidado y debe también ameritar la atención de todos los mexicanos.

La aprobación del dictamen relativo a la descertificación del camarón mexicano atienden a la preocupación de los legisladores de todas las fracciones parlamentarías que se movilizaron frente a este problema, y busca mecanismos para solucionar de la forma más eficiente y rápida el problema que tiene encima la flota camaronera mexicana.

Si bien es urgente la certificación de la flota dedicada a esta actividad para poder seguir exportando camarón silvestre a los Estados Unidos y para evitar la afectación ambiental se debe entender que gran parte de la solución a esta situación del veto es la supervisión y correcta implementación en los mecanismos de vigilancia; su incapacidad y omisión permitieron que otro país nos hiciera esta observación y por ende cerrará sus fronteras al camarón mexicano; es claro que si los mecanismos y autoridades competentes vigilarán y exigieran a la flota pescadora mexicana el uso correcto de dispositivos excluidores de tortugas, Estados Unidos no tendría motivos para imponer un veto y se estaría realizando la explotación de este crustáceo en concordancia con la protección al medio ambiente evitando así la muerte de una preciosa especie en peligro de extinción.

Por ello coincido con tales acuerdos celebrados en este Senado de la República, expresando y esperando que sea atendida la observación de que en la reunión que se llevara a cabo con las autoridades competentes se exija la búsqueda y reforzamiento de los mecanismos de vigilancia que aseguren que la flota camaronera utilice debidamente los dispositivos excluidores de tortugas, previendo y no remediando lo que ahora le costará al sector perdidas por 90 millones de dólares en las exportaciones, 10,000 empleos directos y más de 20,000 indirectos; destacando además que se tiene que comprobar si efectivamente las flotas camaroneras produjeron la muerte de 40 o 50 ejemplares de tortugas al realizar la pesca habitual del camarón, y sin dejar de lado por supuesto la obligación de las autoridades correspondientes y de los pescadores cumplir con la Conducta para la Pesca Responsable a fin de asegurar la conservación y gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos.

EL SENADOR RUBÉN FERNANDO VELÁZQUEZ LÓPEZ SOLICITO A SEMARNAT PREVENIR INCENDIOS FORESTALES Y PROTEGER BIOSFERA MARIPOSA MONARCA

El senador, Rubén Fernando Velázquez López, solicitó que en temporada de calor la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y las comisiones nacionales Forestal (CONAFOR), y de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), redoblen esfuerzos para prevenir incendios en bosques del territorio nacional y, además, implementen programas de contingencia para proteger, conservar y restaurar la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

“Sin desestimar el trabajo y esfuerzo efectuado para reducir la presencia de incendios forestales, resulta conveniente exhortar a las autoridades federales para que redoblen los esfuerzos y atiendan a la brevedad la presencia de fuego en diversas áreas del país”, aseguró.

Mediante un punto de acuerdo, Velázquez López pidió que el titular de la SEMARNAT, Juan Rafael Elvira Quezada, “en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales conducentes realice un diagnóstico de las zonas afectadas y en riesgo, por los fenómenos naturales, particularmente en áreas amenazadas por incendios forestales y en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca”.

Además, solicitó que las comisiones nacionales Forestal, y de Áreas Naturales Protegidas, elaboren e implementen un programa de contingencia para la protección, conservación y restauración de zonas ecológicas protegidas.

El senador por Chiapas indicó que la Comisión Nacional Forestal ha reportado hasta el primero de abril del año en curso, mil 66 incendios forestales, los cuales han afectando una superficie de seis mil 801 hectáreas y que tan sólo en la última semana hubostales a s para prevenir los 264 siniestros.

Rubén Velázquez mencionó que las entidades con mayor superficie afectada por los incendios forestales son Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Yucatán y el Estado de México.

“Simplemente en el estado de Oaxaca se han registrado 48 incendios forestales en 2010. Situación similar de afectación es la que sufre el estado de Chiapas que en la semana del 26 de marzo al 1 de abril reportó 20 incendios como producto de las altas temperaturas en la entidad”, precisó.

El también integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca señaló que a pesar de que la Secretaría del ramo implementó el Plan Operativo Interinstitucional contra Incendios Forestales, la medida resultó insuficiente, pues las cifras semanales van en aumento.

“Tanto Semarnat como Conafor realizan campañas nacionales para prevenir y combatir la presencia de los incendios, sin embargo hace falta un esfuerzo mayor para prevenirlos”, afirmó.

En el punto de acuerdo turnado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca para su estudio y dictamen, el legislador del PRD destacó que el Programa Nacional contra Incendios Forestales 2010 planea la implementación de esquemas agrícolas alternativos sin fuego, ya que el 45 por ciento de los incendios originados por actividad humana se derivaban de quemas agropecuarias.

La proposición también fue suscrita por los senadores José Luis Máximo García Zalvidea y Jesús Garibay García.

Intervención del Senador Rubén Fernando Velázquez López, en el Foro: Los Acuerdos de San Andrés Asignatura Pendiente.

México, D. F., 21 de abril de 2010.

La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás:
por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Eduardo Galeano


En México, la historia de los pueblos indígenas antes y después de la conquista se narra como una crónica de lucha permanente para reclamar el reconocimiento pleno de sus derechos, para demandar lo que es suyo. La autonomía y la libre determinación de las comunidades indígenas desde hace siglos ha sido una práctica común para sus pobladores, sin embargo dicha realidad persiste negada desde el caduco discurso jurídico y político.

La dominación, explotación, subordinación y exclusión, han sido la condena social que ha restringido el libre ejercicio de sus derechos; la tesis del integracionismo cultural ha quedado atrás. No debemos olvidar que el indígena no se rinde, que lucha, y exige hacerse respetar por los sistemas jurídicos que lo han desdibujado históricamente.

Los intentos para lograrlo, han sido bastos. En su momento se pensó en una reforma constitucional integral que fuera coherente con la realidad social de nuestro país, eliminando cualquier prejuicio y discriminación ante la plena autonomía de los pueblos indígenas, sin embargo la atención que se les dio a las demandas sociales, fue la mínima y ha ido en detrimento.
La realidad social de los pueblos indígenas al igual que cualquier otra organización humana, se reviste de retrocesos y avances; sus necesidades y exigencias no son las mismas de hace unos años. Debemos entender que los pueblos indígenas son sociedades que se movilizan en razón de múltiples factores internos y externos, y por ello es importante conocer el contexto actual de la problemática, ¿qué aspectos del conflicto siguen vigentes y cuáles no?

Es necesario por tanto, analizar los alcances, progresos y deficiencias que generó el cumplimiento parcial de los Acuerdos de San Andrés y la promulgación de la reforma constitucional de 2001 en materia de derechos de los pueblos indígenas.

Razonada consecuencia sería el retomar las líneas de demanda plasmadas en los Acuerdos e impulsar el diálogo nacional para hacer las reformas y los cambios que el país reclama. El desafío para todos los interlocutores, es encontrar el camino de la justicia y la paz social, el cual forzosamente requiere de la asunción de compromisos y el cumplimiento de los pactos.

Estas comunidades se movilizan, se plantean otras maneras de organizarse política y socialmente, precisamente, para resolver o dar respuesta a este trato inhumano que aún prevalece hacia ellos. Sin lugar a dudas, es una asignatura pendiente la libre determinación de los pueblos indígenas ya que es en sí, parte fundamental del reconocimiento de sus derechos colectivos.

Respeto, certeza jurídica, justicia social, dignidad. Son las demandas de los pueblos indígenas; reunamos los elementos necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos depositados en los Acuerdos, que siguen presentes desde 1996.