A fin de combatir los constantes casos de abuso y explotación de personas en el país, el senador del PRD, Rubén Velázquez López, exhortó a las autoridades federales en la materia fortalecer e implementar los programas destinados a eliminar y castigar el delito de trata de personas.
“La impunidad, abuso y explotación pueden erradicarse si se trabaja conjuntamente. El Poder Legislativo, así como los congresos locales de las entidades federativas, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos protectores de los derechos humanos, y sociedad civil, tienen el compromiso de participar en esta lucha contra la trata de personas”, aseguró Velázquez López.
El legislador chiapaneco explicó que los esfuerzos realizados por el gobierno federal, han sido insuficientes debido a la sólida organización que mantienen las redes criminales, “logrando en muchas ocasiones corromper a las autoridades para continuar su actividad ilegal en la más amplia impunidad”
Ante esta situación, mediante un punto de acuerdo Velázquez López solicitó a la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Sara Irene Herrerías Guerra, redoblar los esfuerzos en el combate y castigo de la trata de personas y conexos, así como garantizar una indemnización a la víctimas por reparación de daños o perjuicios.
Resaltó que en la zona sur del territorio mexicano, principalmente en el estado de Chiapas, se presenta en mayor número este tipo de conductas, pues de acuerdo con la Organización Internacional de Ecpat, se explotan sexual y laboralmente a 21 mil adolescentes, entre ocho y 14 años de edad y en su mayoría de países centroamericanos.
“Es innegable la penosa realidad que se vive en Chiapas, las redes de trata de personas, grupos vinculados con el crimen organizado, así como pandillas, colocan a la entidad en focos rojos para los migrantes, las mujeres y niños”, opinó.
Por ello, pidió al titular de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Fernando Gómez Mont, implemente un programa permanente en esta entidad, para erradicar este delito, que involucre la protección, atención y asistencia a las víctimas.
De igual forma, subrayó que a pesar de las medidas que se han implementado en la frontera sur de México para garantizar la seguridad de la niñez migrante, aún están latentes los retos para alcanzar dicho fin, “suponiendo la gran cantidad de centroamericanos que cruzan nuestro país para llegar a los Estados Unidos”.
Por lo que, instó a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, realizar el plan de acción de Oficiales de Protección a la Infancia en la frontera sur, conforme lo estipula el Modelo para la Protección de Derechos de los Niños, Niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, y de igual manera así aplicar este modelo en la frontera norte.
