México, Distrito Federal, jueves 8 de julio, 2010.
Con el propósito de dimensionar los beneficios que conlleva la labor de los prestadores del servicio social, que generalmente es mal aprovechado por las instituciones en las que realizan sus prácticas profesionales, senadores del PRD propusieron reformar el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para modificar la estructura y organización del servicio social estudiantil y profesional.
En una iniciativa, el senador del PRD, Rubén Fernando Velázquez López, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y especialmente a los estudiantes que cursan alguna carrera técnica.
Velázquez López planteó mantener la denominación del Servicio Social de Estudiantes y Profesionistas, y regular el Sistema Nacional de Servicios de Índole Social, en la que se establece que la remuneración económica que reciban los prestadores del servicio social profesional no pueda ser menor al salario mínimo profesional que reciban.
“El servicio social profesional creará derechos y obligaciones de carácter laboral por la falta de un marco jurídico de protección que garantice el respeto a la labor o trabajo que desempeñe el prestador del servicio social”, señaló.
Rubén Velázquez destacó que la iniciativa pretende la creación del Sistema Nacional de Servicios de Índole Social, así como el Programa y la Red Nacional de Servicios de índole Social, que tendrán como objeto “la estructuración y coordinación de los diversos servicios sociales que presten los estudiantes y profesionistas de manera voluntaria, en interés de la sociedad y estado mexicano”.
El legislador chiapaneco destacó que el Sistema Nacional de Servicios de Índole Social, se integrarán por las dependencias federales tales como: la Secretaría de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Salud, Hacienda y Crédito Público; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la UNAM, el IPN, el Colegio de Bachilleres, entre otros.
La propuesta menciona que el gobierno federal, en coordinación con las autoridades estatales, destinen recursos económicos, con el propósito de focalizarlos en becas, apoyos, u otras medidas que beneficien a los prestadores del servicio social.
“Si bien, la persona estaría sujeta a una jornada máxima de ocho horas, como lo establece la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, así como a sujetarse a las diversas obligaciones que asumen los trabajadores, también se estaría recibiendo los beneficios o prestaciones laborales determinadas por Ley, como el derecho a un salario y seguridad social.”, precisó.
La iniciativa signada por los senadores del PRD, José Luís García Zalvidea y Rosalinda López Hernández fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos.
En una iniciativa, el senador del PRD, Rubén Fernando Velázquez López, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y especialmente a los estudiantes que cursan alguna carrera técnica.
Velázquez López planteó mantener la denominación del Servicio Social de Estudiantes y Profesionistas, y regular el Sistema Nacional de Servicios de Índole Social, en la que se establece que la remuneración económica que reciban los prestadores del servicio social profesional no pueda ser menor al salario mínimo profesional que reciban.
“El servicio social profesional creará derechos y obligaciones de carácter laboral por la falta de un marco jurídico de protección que garantice el respeto a la labor o trabajo que desempeñe el prestador del servicio social”, señaló.
Rubén Velázquez destacó que la iniciativa pretende la creación del Sistema Nacional de Servicios de Índole Social, así como el Programa y la Red Nacional de Servicios de índole Social, que tendrán como objeto “la estructuración y coordinación de los diversos servicios sociales que presten los estudiantes y profesionistas de manera voluntaria, en interés de la sociedad y estado mexicano”.
El legislador chiapaneco destacó que el Sistema Nacional de Servicios de Índole Social, se integrarán por las dependencias federales tales como: la Secretaría de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social, Salud, Hacienda y Crédito Público; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la UNAM, el IPN, el Colegio de Bachilleres, entre otros.
La propuesta menciona que el gobierno federal, en coordinación con las autoridades estatales, destinen recursos económicos, con el propósito de focalizarlos en becas, apoyos, u otras medidas que beneficien a los prestadores del servicio social.
“Si bien, la persona estaría sujeta a una jornada máxima de ocho horas, como lo establece la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, así como a sujetarse a las diversas obligaciones que asumen los trabajadores, también se estaría recibiendo los beneficios o prestaciones laborales determinadas por Ley, como el derecho a un salario y seguridad social.”, precisó.
La iniciativa signada por los senadores del PRD, José Luís García Zalvidea y Rosalinda López Hernández fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos.
