viernes, 4 de junio de 2010

Pide PRD a Cancillería mexicana emitir extrañamiento a gobierno de EU por asesinato de migrante Anastasio Hernández


México, Distrito Federal, viernes 04 de junio, 2010


Ante la muerte del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas a consecuencia de “la brutal golpiza” y toques eléctricos que le propinaron agentes de la patrulla fronteriza y del servicio de inmigración de Estados Unidos, el senador del PRD, Rubén Velázquez López, pidió que el Congreso de la Unión emita un severo extrañamiento al gobierno de ese país.

En un punto de acuerdo, Rubén Velázquez consideró que el Poder Legislativo “no puede pasar desapercibido este lamentable hecho, porque se trata de la violación flagrante de los derechos humanos de los migrantes en los procedimientos de deportación” y señaló que es urgente que éstos sean vigilados en estricto apego al respeto de las garantías de las personas que son repatriadas.

El legislador chiapaneco condenó el asesinato de Anastasio Hernández, quien el pasado 28 de mayo fue detenido por autoridades migratorias y al resistirse a su deportación, fue sometido a golpes por 20 oficiales de la patrulla fronteriza estadunidense, que le ocasionaron la muerte.

Además, exhortó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, para que intervenga en los procedimientos necesarios a fin de que el gobierno de Estados Unidos otorgue una indemnización suficiente a los deudos del migrante mexicano, cubriendo los gastos funerarios y de repatriación del cuerpo.

Velázquez López también solicitó a la Canciller mexicana que mantenga un seguimiento puntual a este trágico suceso y que mantenga informadas a las dos Cámaras del Congreso de la Unión y, además, que solicite al gobierno de Estados Unidos “la aplicación estricta de la ley a los agentes de la patrulla fronteriza y de la oficina de aduanas que golpearon brutalmente hasta privar de la vida al connacional Anastasio Hernández”.

Por último, indicó que este acto “de alevosía, brutalidad y abuso de poder, se suma a la inmensa lista de injusticias y atrocidades cometidas en contra de migrantes, cuya única falta es trabajar y buscar una mejor condición de vida”.

Pide PRD reforzar acciones para eliminar discriminación por intolerancia religiosa


Junio 04, 2010


El senador del PRD, Rubén Velázquez López, solicitó al secretario de Gobernación reforzar los mecanismos y las acciones necesarias para erradicar la intolerancia religiosa en el país y así evitar que se viole la libertad de culto, los derechos humanos y la pluralidad establecida en la Carta Magna.

Debido a que en diversas localidades del territorio nacional se han presentado este tipo de prácticas, también exhortó al titular de esta dependencia a atender e investigar estos actos que violentan los derechos humanos en estas regiones.

El legislador chiapaneco explicó que de acuerdo con el estudio anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los casos de intolerancia y discriminación religiosa en México se han intensificado, al grado de provocar agresiones e inclusos muertes en diferentes comunidades del país.

“Por ello, es indispensable atender conflictos de orden social y económico que pueden complicarse por problemas de intolerancia religiosa, el ejercicio de la libertad religiosa no debe interpretarse jamás como la rivalidad entre creyentes y no creyentes”, aseguró.

Indicó que en el país los principales estados de la República en donde se registran estos actos son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, entre otros; debido a la intolerancia en los usos y costumbres, “en donde los evangélicos, bautistas, protestantes, se niegan a participar en actividades religiosas”, por lo que se originan conflictos agrarios y ejidales.

Ante esta situación, Rubén Velázquez mediante un punto de acuerdo también pidió a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades y del Distrito Federal, se erradique cualquier práctica de discriminación o violencia física o moral en contra de las personas por sus ideologías religiosas y fomentar por medio de cursos o programas el respeto a los derechos de pensamiento y culto.

Dijo que este problema de intolerancia refleja un retroceso para el país, en donde las cifras de conflictos y agresiones han ido en aumento, “tan sólo en 2009 se tienen documentados 62 casos de agresiones”, que van desde insultos, injurias, amenazas de muerte, prohibición o expulsión de los niños para ingresar a escuelas públicas.

También exhortó al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, para que en coordinación con las instancias en la materia de los estados y el Distrito Federal se imparta a nivel nacional la educación básica de acuerdo a los principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad, conforme al artículo tercero de la Constitución.

Resaltó que especialistas han concluido que en el estado de Chiapas se han acrecentado los problemas de índole religiosa, “una muestra de la intensificación de estos actos es que tan sólo en el mes de mayo del presente año, se tienen registrados 18 casos de intolerancia y agresiones relacionadas a conflictos religiosos en el estado de Chiapas, en las comunidades de Chilil, San Gregorio las Casas, Saltillo, San Antonio Bahuitz, Shulvó, Jechvó, Nachig, los Llanos y Mitzitón, Soyatitán, Los Llanitos, Benito Juárez, ejido 1º. De Mayo, Tierra y Libertad, La Mendoza, Chanal, Muken, y Chamula”.

Rubén Velázquez indicó que en estas localidades también se han presentado agresiones a católicos, tal es el caso del asesinato del sacerdote Habacuc Hernández, por causa de la intolerancia religiosa.

Comentó que ante estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha realizado diversas recomendaciones al gobierno federal y administraciones locales. Sin embargo, no han sido efectivos para evitar estos actos de odio en las comunidades.

No obstante, instó al Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, inicie una investigación a fin de detectar la violación de los derechos humanos cometidas en algunas regiones rurales del país, “motivada por la ola de intolerancia religiosa”.

La propuesta también es signada por el senador José Luis Máximo García Zalvidea y fue turnada a la Primera Comisión de la Permanente para su estudio y dictamen.