México, Distrito Federal, miércoles 12 de enero, 2011.
Necesario revisar que proceso legal se lleve a cabo con estricto respeto a los derechos jurídicos de los inculpados: senadores
Familiares y abogados de 140 ex policías del estado de Hidalgo detenidos en 2009, han denunciado presuntas irregularidades en las investigaciones y violaciones a los derechos humanos de los inculpados, por ello, senadores del PRD solicitaron al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, presente un informe sobre las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentran los detenidos.
En un punto de acuerdo, los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea, señalaron que las autoridades federales y del estado de Hidalgo “deben examinar con detenimiento, estudio, cuidado y a la luz del derecho y la justicia, el caso de los ex policías”, para que el proceso penal que enfrentan se lleve a cabo con estricto respeto a sus garantías y derechos humanos.
Los legisladores también pidieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, para que instruya al titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Roldán Velázquez, para que redoble esfuerzos para “orientar, auxiliar o representar a los ex policías que soliciten o necesiten servicio de defensa penal de manera oportuna, profesional y adecuada”.
En la propuesta que fue turnada a la Primera Comisión de trabajo para su análisis y dictamen se exhorta al gobernador de Hidalgo, al Consejo de la Judicatura Federal, al titular del Juzgado Segundo de los Procesos Penales de Tepic, Nayarit, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que la causa penal sea radicada en juzgados federales en Hidalgo y los procesados sean trasladados de que la inmediato a las instalaciones del centro penitenciario de Pachuca.
En el documento se menciona que entre junio y septiembre de 2009, durante un operativo de la Policía Federal, ordenado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), un grupo de 140 policías integrantes de la Policía Municipal de Pachuca de Soto y de Mineral de la Reforma, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial de Hidalgo fueron detenidos y, después de 60 a 80 días de arraigo, trasladados a CERESOS y CEFERESOS de Veracruz, Toluca, Morelos y Tabasco.
El senador por Chiapas, Rubén Velázquez López, indicó que los abogados y familiares de los procesados han señalado que desde la detención de los policías se han generado “irregularidades, vejaciones, humillaciones y malos tratos”, ya que durante su traslado a los centros penitenciarios la mayoría fueron golpeados por elementos de la Policía Federal y del Ejército.
Denunció que el Agente del Ministerio Público, Humberto Salmerón Nájera, violó lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política, que establece: “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilatación alguna bajo su más estricta responsabilidad”, ya que tardó 10 días en consignar a los policías al Juez correspondiente, después de haber sido librada la orden de aprehensión.
En el documento se menciona que este caso “contiene denominadores comunes con el llamado Michoacanazo, en el cual se pudo comprobar que las imputaciones hechas por testigos protegidos y las demás pruebas circunstanciales que aportó la fiscalía no fueron suficientes para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de los ex funcionarios”, por lo que la mayoría han sido liberados.
Necesario revisar que proceso legal se lleve a cabo con estricto respeto a los derechos jurídicos de los inculpados: senadores
Familiares y abogados de 140 ex policías del estado de Hidalgo detenidos en 2009, han denunciado presuntas irregularidades en las investigaciones y violaciones a los derechos humanos de los inculpados, por ello, senadores del PRD solicitaron al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, presente un informe sobre las condiciones físicas y psicológicas en que se encuentran los detenidos.
En un punto de acuerdo, los senadores del Grupo Parlamentario del PRD, Rubén Velázquez López y José Luis García Zalvidea, señalaron que las autoridades federales y del estado de Hidalgo “deben examinar con detenimiento, estudio, cuidado y a la luz del derecho y la justicia, el caso de los ex policías”, para que el proceso penal que enfrentan se lleve a cabo con estricto respeto a sus garantías y derechos humanos.
Los legisladores también pidieron que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, para que instruya al titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Roldán Velázquez, para que redoble esfuerzos para “orientar, auxiliar o representar a los ex policías que soliciten o necesiten servicio de defensa penal de manera oportuna, profesional y adecuada”.
En la propuesta que fue turnada a la Primera Comisión de trabajo para su análisis y dictamen se exhorta al gobernador de Hidalgo, al Consejo de la Judicatura Federal, al titular del Juzgado Segundo de los Procesos Penales de Tepic, Nayarit, así como a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que la causa penal sea radicada en juzgados federales en Hidalgo y los procesados sean trasladados de que la inmediato a las instalaciones del centro penitenciario de Pachuca.
En el documento se menciona que entre junio y septiembre de 2009, durante un operativo de la Policía Federal, ordenado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), un grupo de 140 policías integrantes de la Policía Municipal de Pachuca de Soto y de Mineral de la Reforma, de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Ministerial de Hidalgo fueron detenidos y, después de 60 a 80 días de arraigo, trasladados a CERESOS y CEFERESOS de Veracruz, Toluca, Morelos y Tabasco.
El senador por Chiapas, Rubén Velázquez López, indicó que los abogados y familiares de los procesados han señalado que desde la detención de los policías se han generado “irregularidades, vejaciones, humillaciones y malos tratos”, ya que durante su traslado a los centros penitenciarios la mayoría fueron golpeados por elementos de la Policía Federal y del Ejército.
Denunció que el Agente del Ministerio Público, Humberto Salmerón Nájera, violó lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política, que establece: “la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del Juez, sin dilatación alguna bajo su más estricta responsabilidad”, ya que tardó 10 días en consignar a los policías al Juez correspondiente, después de haber sido librada la orden de aprehensión.
En el documento se menciona que este caso “contiene denominadores comunes con el llamado Michoacanazo, en el cual se pudo comprobar que las imputaciones hechas por testigos protegidos y las demás pruebas circunstanciales que aportó la fiscalía no fueron suficientes para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de los ex funcionarios”, por lo que la mayoría han sido liberados.
